¿En qué sentido una Política de Estado MUSA sería de interés nacional?

(1) Reactivar la economía campesina al formalizar 18,6 millones de ha campesinas hoy fuera de la ley, (2) asumiendo la Transición Agroecologica; (3) reduciría la inflación estructural de alimentos; (4) cumpliría la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz; (4) fortalecería seguridad alimentaria y adaptación climática; y (5) estabilizaría territorios frente a economías ilícitas y riesgo geopolítico.

Hay al menos seis (6) frentes donde el modelo MUSA conecta con marcos legales y políticos ya existentes en Colombia.
No se trataría de crear una categoría nueva, sino de encajar el proyecto en instrumentos que el Estado ya reconoce como prioritarios. De hecho, no necesitamos votar ninguna Ley adicional para lanzar la Política de Estado.

1. Estabilidad macroeconómica controlando la inflación estructural a través de la formación de precios campesinos cooperativistas de la red MUSA.

Como ya vimos, la división Precio de los Alimentos pesa ~26% del IPC.
Ha superado la inflación general casi todos los años desde 2019.
Un instrumento que amortigüe esa volatilidad no es solo bienestar social: es una herramienta de política monetaria indirecta, relevante para el mandato constitucional del Banco de la República (Art. 373 CP) de preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Colombia enfrenta un problema de transmisión, no solo de nivel: la división de Alimentos pesa ~26% del IPC y ha superado la inflación general en cada uno de los siete años reportados por el DANE desde 2019, explicando entre el 29% y el 57% de la inflación total según el año. Ese componente no se comporta como el resto de la canasta: depende de cosechas, choques climáticos e intermediación especulativa, no de demanda agregada —lo que significa que la política monetaria convencional (tasas de interés) tiene poca capacidad real de corregirlo, y termina encareciendo el crédito de toda la economía por un problema que nace en la finca.

Una red de cooperativas campesinas MUSA alcanzaría el tamaño para formar precios. Actúará como un grupo empresarial de economía solidaria al integrar acopio, transformación y comercialización directa. Reducirá la dependencia de intermediarios especulativos y amortigua el traslado inmediato de choques de oferta al precio final.

Esto no reemplaza la política de tasa de interés del Banco de la República. Sin embargo entrega al País una herramienta corporativa productiva, una seguridad alimentaria desde las Regiones que hoy no tiene y capaz de vencer la desorganización de la cadena alimenticia hoy en manos de los especuladores.

Necesitamos gobernar la inestabilidad en el componente más volátil e intransable del IPC.

2. Cumplimiento del Acuerdo de Paz — de la Reforma Rural Integral (Punto 1) hacia la Reforma Agraria Integral y Popular.

El Capitulo 1 del Acuerdo de 2016 comprometió al Estado colombiano a una transformación estructural del campo con instrumentos concretos y verificables: acceso y formalización de tierra, cierre de la frontera agrícola, infraestructura productiva, y fortalecimiento de la asociatividad y la economía solidaria campesina.

Un primer acuerdo de Paz, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016,^[6] debía refrendarse en Colombia en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar «Sí» o «No»: el resultado del plebiscito, celebrado el 2 de octubre, fue una victoria para el «No» con 50.2% de los votos, contra el 49.7% votos por el «Sí»,^[7] lo que obligó al Gobierno a «renegociar» el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores del acuerdo, a la vez que creó incertidumbre sobre la aplicación legal del acuerdo.^[8][9][10] Tras un periodo de negociación con los promotores del «No», el gobierno y las FARC-EP acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá; este nuevo acuerdo fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre,^[11] en busca de la paz y con responsabilidad social, por lo que en ocasiones es llamado "Acuerdo del Teatro Colón".
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Ocho años después, buena parte de ese compromiso sigue sin materializarse. Como vimos, 18,6 millones de hectáreas campesinas permanecen hoy fuera de la frontera agrícola legal, en un limbo de informalidad que el propio Acuerdo prometió resolver. MUSA funciona como vehículo directo de implementación de la Reforma Rural Integral al acompañar el asociado campesino en el laberinto de la Reforma Agraria Integral.

Fuente: Corpobanano | Además de esos 18 millones de ha, unos 18,6 millones de ha campesinas (16,3% del territorio nacional) están hoy fuera de la frontera agrícola legal — en zonas de exclusión (reservas forestales, páramos, otras restricciones).
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Al sustituir insumos fósiles por biofertilizantes, biochar y energías renovables generadas en el propio ecoparque, MUSA no solo reduce la importación de agroinsumos inflacionarios sino que conecta la Reforma Rural Integral con la Transición Agroecologica y Energética Justa.

Otro compromiso estatal y cooperativista que exige que la descarbonización no recaiga sobre quienes menos la causaron: el campesinado microfundista policultivista.

Cifras del empalme de la ADR en Bogotá | Intervención del DNP 2h44"

Esta ausencia de agregación de valor es, en sí misma, un factor de inflación estructural. Sin cadenas cortas, sin capacidad de transformación local, de almacenamiento y sin escala industrial sostenible de bioeconomía circular, sin economía solidaria MUSA para el buen vivir, cualquier choque de oferta — sea por razones climáticas, logísticas o de geopolítica — la ola inflacionaria se traslada de inmediato y en su totalidad al precio final alimentando la especulación. Peor, los precios nunca bajan o se demoran más en bajar que en subir. Siempre con efecto trinquete en Colombia.

3. El reto nacional de la Seguridad alimentaria y compras públicas locales y nacionales.

En Colombia, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.

Tanto las medidas de Política Pública para la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones como

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN (DDHH) ────────────────

Sancionada el 19 de agosto de 2025 (vigente desde el 21 de agosto), su objeto es crear medidas de política pública contra el hambre y la inseguridad alimentaria, en el marco del Derecho Humano a la Alimentación (reforzado por el Acto Legislativo 01 de 2025 que modificó el artículo 65 de la Constitución).

Sus piezas centrales:

✸ ˎˊ˗Crea el Fondo Nacional para la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos — un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, con vigencia de 10 años, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, aportes territoriales, cooperación internacional y donaciones.El Fondo debe financiar programas con "especial énfasis en el fortalecimiento de la economía campesina, familiar, comunitaria y étnica" (Art. 2).

✸ ˎˊ˗Puede contratar directamente con asociaciones de agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria (Art. 3, parágrafo 1) — no solo con bancos de alimentos u ONGs. Crea la "Ruta de Donación de Alimentos" y el "Sello Alimentarte", y ordena fortalecer la logística de redes de abastecimiento locales: plazas de mercado, mercados campesinos y micronegocios.

✸ ˎˊ˗ Endurece el régimen sancionatorio contra el desperdicio de alimentos por parte de empresas (multas escalonadas por tamaño de empresa).

El punto 3 de nuestra lista de interés nacional se apoyaba solo en la Ley 2046 de 2020 (compras públicas). Esa ley obliga al Estado a comprar a la ACFC, pero no crea una fuente de financiación directa.

La Ley 2536 sí la crea: el nuevo Fondo Nacional puede contratar y financiar directamente con cooperativas como MUSA, siempre que el proyecto se enmarque en la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria o el desperdicio de alimentos — que es exactamente lo que hacen los Ecoparques de Simbiosis Agroindustrial y los Puntos de Acopio Local de MUSA, inclusive con Punto de Abastecimiento Solidario: transformar excedentes de cosecha y su biomasa que de otro modo se perdería, y estabilizar el abastecimiento local.

Fuente FIAN Colombia - 10/08/2023, Congresistas articulados con FIAN Colombia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y organizaciones campesinas y de mujeres,  radicarán el Proyecto de Ley cuyo fin es crear el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación.

En términos prácticos, esto convierte el argumento de "interés nacional" de MUSA de una tesis de política pública a una vía de financiación concreta y ya legislada: el Fondo del Art. 2 de la Ley 2536 es un candidato natural para cofinanciar cooperativas MUSA, con base legal explícita para contratar directamente con ellas.

LAS COMPRAS PÚBLICAS ────────────────

La Ley 2046 de 2020 ya obliga a las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital y municipal a priorizar la compra de alimentos a pequeños productores agropecuarios y a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, promoviendo circuitos cortos de comercialización y comercio justo.

Es una norma ambiciosa en su intención, pero débil en su ejecución: exige demanda organizada del Estado, pero no crea la oferta organizada del lado campesino que esa demanda necesita para materializarse.
Hoy, buena parte de las compras públicas de alimentos sigue cayendo en mayoristas e intermediarios, simplemente porque no existe suficiente proveeduría campesina de escala suficiente con capacidad logística, sanitaria y de volumen para cumplir contratos de suministro constante a hospitales, colegios, cárceles o comedores comunitarios, ICBF, Polícia Nacional y Ejercito.

Fuente ICBF inició la distribución de manera masiva de Bienestarina®️ Más Nuestra, producto fabricado desde este 2024 con yuca y sacha inchi y que ya pasó las pruebas necesarias para su distribución en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Sucre.

Así, una red de cooperativas MUSA, con sus Puntos de Acopio Local y sus Ecoparques de Simbiosis Agroindustrial, su constelación de bodegas y cámaras frigorificas resuelve exactamente ese cuello de botella. Permitirá agregar la producción dispersa de miles de microfundistas en un solo proveedor con trazabilidad, certificación de inocuidad, capacidad de entrega estable y sobre todo la solvencia financiera de un formador de precios.

La futura "¿Confederación?" de Cooperativas MUSA.

En términos prácticos, MUSA convierte una ley bien intencionada pero subutilizada en un instrumento con solvencia financiera y alimenticia sostenible.
Dará al Estado la contraparte campesina organizada que la norma siempre necesitó y nunca tuvo hasta que los productores decidieron hacerlo en grande.

4. Participar en la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo sobre varios frentes

La Ley 1931 de 2018 establece las directrices de gestión del cambio climático en Colombia y exige a las entidades territoriales, sectoriales y a los proyectos con financiación pública incorporar medidas de adaptación medibles, no solo declaraciones de intención. El reto para el Estado ha sido siempre el mismo: tiene el mandato legal, pero pocas herramientas concretas y replicables para cumplirlo en el territorio rural, donde el cambio climático golpea primero y con más fuerza.

Nuestros Campesinos están en primera línea frente a los riesgos climáticos. No pueden soportan solos el costo de la adaptación de las cadenas de valor en Colombia. Favorezcamos el retorno a la tierra. #PrimeraLaCampesina

MUSA aporta al menos cuatro frentes de adaptación simultáneos, cada uno con un indicador verificable:

Diversificación productiva. Sustituir el monocultivo por policultivos de musáceas, frutas y especies nativas reduce la exposición a un solo choque climático o de plagas, function que la propia Ley 1931 identifica como medida prioritaria de reducción de vulnerabilidad agropecuaria.

Ecoparques agroecológicos. La agricultura regenerativa, la reforestación de cuencas y la recuperación de suelos degradados son medidas de adaptación basada en ecosistemas (AbE), la categoría que el Ministerio de Ambiente prioriza en su Plan Nacional de Adaptación.

Captura y compensación de carbono. Los biodigestores, el biochar, los TECAM y APPAS libres de pesticidas, la restauración de suelos y la reforestación productiva generan créditos verificables ante el mercado de bonos de carbono, convirtiendo la adaptación en un flujo de ingreso adicional para la cooperativa, amenudo remunerado por los beneficios solidarios financiados por los bonos de carbono y la Compensación por Servicios Ambientales (PSA).

Gestión del riesgo de desastres. En zonas inundables como el Canal del Dique, la cobertura vegetal y la restauración de humedales que MUSA impulsa reducen directamente la escorrentía y el riesgo de inundación, complementando el mandato de la Ley 1523 de 2012 (gestión del riesgo de desastres).

El Canal del Dique no es un ejemplo hipotético: es territorio de aplicación inmediata, porque ya existe una inversión social comprometida (Sacyr–ANI) y una necesidad de restauración activa donde estas cuatro medidas pueden pilotearse, medirse y reportarse ante las mismas entidades —Ministerio de Ambiente, IDEAM, ANI— que hoy exigen evidencia de adaptación climática a los proyectos de infraestructura de gran escala.

Acompañar el empalme generacional desde la Cooperativa. E

5. Sustitución de economías ilícitas y estabilización territorial pacifica. (PNIS - Acuerdos de Paz)

La lógica de la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia lleva dos décadas topándose con el mismo obstáculo: erradicar sin ofrecer una alternativa económica legal, estable y rentable simplemente traslada el cultivo a la finca vecina o al año siguiente. Los propios balances del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y los monitoreos de UNODC muestran que la persistencia de cultivos de uso ilícito está fuertemente correlacionada con la ausencia de cadenas de valor legales competitivas en esos mismos territorios —no con la falta de vigilancia o erradicación forzosa, que ya se ha intentado repetidamente sin éxito duradero.

El mecanismo es sencillo de entender desde la economía del hogar campesino: un microfundista sin acceso a transformación, acopio ni mercado estable enfrenta un cálculo de rentabilidad donde el cultivo ilícito, con compradores garantizados a la puerta de la finca, compite en condiciones muy favorables frente a un cultivo lícito que debe cargar solo con el riesgo de precio, plaga y transporte. Cerrar esa brecha de rentabilidad —no solo de legalidad— es lo que una cooperativa MUSA puede ofrecer: ingresos estables, comprador garantizado (la propia cooperativa y su filial comercial) y un canal de comercialización que no depende de la ilegalidad para existir.

Esto tiene, además, una dimensión de seguridad territorial que trasciende lo agrícola. Los mismos municipios con microfundio sin agregación de valor suelen coincidir con zonas de presión sobre la tierra, disputas por corredores de movilidad ilegal y débil presencia institucional.

Putumayo 14.09.2026 - Fuerza Aérea Colombiana contribuye en las transformaciones estructurales de las zonas rurales del país, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y demostrando que desde la legalidad todo es posible - Grupo Aéreo del Oriente - Fuerza de Tarea Conjunta ARES
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Una cooperativa agroindustrial consolidada —con gobernanza propia, activos productivos visibles y relación directa con el Estado a través de compras públicas (Ley 2046) y financiación formal— actúa como un ancla de institucionalidad económica en el territorio, no solo como una empresa rural.

SABORES DE PAZ 04.08.2026 - La Compañía Nacional de Chocolates, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Corporación Sabores de Paz formalizan un acuerdo.
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En ese sentido, financiar MUSA en estas zonas es, en la práctica, una inversión en control territorial legítimo, complementaria —no sustituta— de la política de seguridad convencional, real alternativa a la ineficiente "guerra contra las drogas".

6. Encaje legal específico: el reconocimiento por los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE).

Colombia ya tiene una figura para esto: los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE), creados por el artículo 51 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018), reglamentados por el Decreto 2445 de 2013 (que crea la CIIPE) y el Decreto 2220 de 2015 (licenciamiento ambiental ágil vía ANLA).

Su objeto original cubre infraestructura, hidrocarburos, minería y energía, "y demás proyectos estratégicos de interés nacional" — una puerta abierta, pero no automática: para que MUSA acceda a esos beneficios (trámite ambiental integrado y exclusivo ante la ANLA, coordinación intersectorial vía CIIPE), tendría que ser validado expresamente por la CIIPE como PINE, algo que hoy no ha ocurrido y que requeriría gestión política específica ante esa comisión.

Los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES) en Colombia son iniciativas prioritarias de gran envergadura que reciben un acompañamiento especial del Gobierno nacional para acelerar su ejecución.

Hoy, estos proyectos se priorizan con base en criterios que ponen a las personas y los territorios en el centro:

✳️ Garantizar derechos Reducir las desigualdades socioeconómicas
✳️ Fortalecer el desarrollo territorial
✳️ Impulsar la transición energética

Algo muy pertinente para garantizar una buen ejecución y sobre todo LIBRE de corrupción.

En conclusión, la peor diligencia es la que no se hace.

MUSA no necesita que se invente una nueva categoría de "interés nacional".
Necesitamos que se le reconozca dentro de al menos cinco marcos que ya existen:

🟩 Ley 2046 de compras públicas,
🟩 Ley 1931 de cambio climático, la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz,
🟩 LEY 2536 DE 2025 contra el hambre y la inseguridad alimentaria, en el marco del Derecho Humano a la Alimentación.
🟩 PNIS (Acuerdo de Paz), y
🟩 opcionalmente la validación como PINE ante la CIIPE